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Más
de doscientos magistrados y funcionarios judiciales de distintos fueros de todo
el país firmaron una solicitada en la que rechazaron el comunicado emitido la
semana pasada por la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la
Magistratura.
En
el texto publicado en diarios de tirada nacional,
los
jueces, fiscales, defensores y funcionarios de la justicia sostienen que,
aunque forman parte de dichas organizaciones, "no nos sentimos representados
por el contenido del comunicado", y señalan que tienen "el propósito
de reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la
ciudadanía".
La
solicitada rechaza "los términos expresados por las entidades
mencionadas" -entre las que también estaba la Comisión Nacional de
Protección de la Independencia Judicial-, y tiene como firmantes a la
Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; a la Defensora General
de la Nación, Stella Maris Martínez; al juez de casación Alejandro Slokar; al
presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; y al fiscal de Cámara
Jorge Auat, entre otros.
También
firman la solicitada el juez de la Cámara Federal Eduardo Freiler, Alicia Ruiz,
ministro del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, el juez de la
Plata Carlos Rozanski, y Roberto Falcone, juez de Mar Del Plata. "Sostenemos
que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema
republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir
entre los poderes del Estado", afirman.
Señalan
que "los magistrados también deben ser independientes de los intereses
económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados,
de los jueces de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes
de las organizaciones que los representan".
En
otro pasaje, el texto afirma que "los jueces cumplen una función esencial
en el sistema democrático" y, por tanto, "el debate democrático sobre
las decisiones judiciales acerca el sistema de justicia a la sociedad, y
enriquece la calidad de las respuestas jurisdiccionales".
Además
de los magistrados, la solicitada lleva la firma de rectores de unas veinte
universidades nacionales y decanos de varias facultades. Arturo Somoza (Cuyo),
Fernando Tauber (La Plata), Carolina Scotto (Córdoba), Ernesto F. Villanueva (Jauretche)
y Gustavo Lugones (Quilmes).
También
firman los académicos Hugo Cañon, Carlos Cruz, Eduardo Barcesat, Roberto Boico,
Marcelo Mónaco, y Silvia Zimerman, entre otros.
Asimismo,
el documento subraya que "la falta de cobertura de cargos vacantes en el
Poder Judicial es un problema estructural del servicio de justicia, que afecta
en definitiva a toda la comunidad.
La
responsabilidad por este déficit es compartida por todas las instituciones que
se encuentran representadas ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y
no de una en particular".
Por
otra parte, afirman que "la recusación de magistrados es el mecanismo
procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio
de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales".
Finalmente,
la solicitada dice que "el Poder Judicial debe velar por el irrestricto
respeto a la facultad de cada provincia de darse sus instituciones y regirse por
ellas de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Constitución Nacional.
Lo contrario importa una vulneración al principio republicano de la división de
poderes".
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