Los médicos del Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno recomendaron no interrumpir el embarazo de una nena violada que solicitó esa práctica con 23 semanas de gestación, ya que ello "pondría en riesgo la vida de la adolescente".
En un comunicado, el ministerio de Salud bonaerense explicó que el Hospital "no negó la aplicación del Protocolo de Aborto No Punible a una niña de 13 años que ingresó con un embarazo de seis meses producto de una violación".
La Dirección del centro de salud detalló que la adolescente "ingresó el sábado al hospital con fiebre producto de una infección urinaria y contracciones, por eso se la internó y la mamá pidió la aplicación del Protocolo".
"Los médicos le hicieron una ecografía que arrojó como resultado un embarazo de 23 semanas", afirmaron las fuentes, que agregaron que "a la mamá de la víctima se le explicó que la nena ya no estaba en condiciones de ser sometida a un aborto por lo avanzado del embarazo y las condiciones de salud de la niña".
En el comunicado, el Ministerio de Salud informó que "esa práctica implica un alto de riesgo de muerte para la paciente". La Organización Mundial de la Salud define como aborto la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 20-22 semanas y/o hasta que el producto del embarazo alcance los 500 gramos; y la Guía Técnica Nacional de aborto no punible se basa en esta definición.
La directora asociada del hospital, Mariana Dunayevich afirmó que “a esto se suma que la paciente ingresó al hospital con una infección y contracciones" y expresó que "la inducción del aborto en estas condiciones aumenta significativamente el riesgo de una eliminación incompleta de la placenta y de una hemorragia post-parto con riesgo de muerte y de histerectomía, es decir, de poner en riesgo su capacidad reproductiva a futuro”.
Personal de los Programas de Salud Reproductiva y Procreación Responsable y de Prevención de la Violencia del ministerio de Salud provincial se hicieron presentes en el hospital “para brindar asesoramiento, contención y acompañamiento a la víctima y a su familia”.
Además, el hospital denunció ante la Justicia el delito de violación y se puso a disposición de la familia.
Tras la ecografía, se le explicó tanto a la mamá como al víctima “el riesgo que significaba la práctica de un aborto en esta etapa avanzada del embarazo, y se le formularon las alternativas posibles para afrontar esta dramática circunstancia”, explicó Lidia Tundidor, coordinadora del Programa Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la cartera sanitaria provincial.
Los especialistas coincidieron en recomendar a la paciente y su familia una cesárea programada; la posibilidad de dar en adopción y explicaron que la víctima tiene derecho a evitar que la coloquen en situación de vínculo con el producto del embarazo.
Además, se les ofreció, tanto a la madre como a la víctima, acompañamiento psicológico, ginecológico y asistencia social en todo el proceso, con lo cual busca garantizar el respeto de los derechos de las víctimas.
“La denuncia de violación se radicó hace un mes. En ese momento hubiera estado en la situación adecuada para someterse al aborto no punible, pero pasó el tiempo y ahora no estamos ni siquiera frente a la posibilidad de hacerlo sin poner en riesgo la vida de la víctima”, concluyó Tundidor.
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