Según Zaida Gatti, responsable de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, desde el año 2008 se rescataron 4.757 víctimas de la trata de personas.
"Un total de 4.757 víctimas de la trata de personas fue rescatada por las fuerzas policiales y de seguridad desde 2008, el 49% de ellas por explotación sexual, y se llevaron adelante 70 juicios. Si bien el número de condenas no es menor, en relación al intenso trabajo que hacemos, se podría haber avanzado más aún", dijo la funcionaria.
Gatti señaló que "cuando se cuestiona la cantidad de condenas logradas habría que peguntarse cuál es el rol de la justicia en este tema. Estamos hablando de un delito federal y de víctimas de trata".
"Un juez, para juzgar, tiene que conocer los efectos que provocan en las personas este tipo de sometimientos, que no es posible recordar con exactitud muchas situaciones vividas cuando se estuvo bajo amenaza", explicó Gatti, quien opinó que "muchos no han sabido y otros no han querido" hacerlo, pero lo cierto es que "el poder judicial tiene mucho que ver con el hecho de que no haya más juicios".
Los avances alcanzados desde 2008, cuando se sancionó la primera ley de trata (26.364) "son muchos y los dispositivos que se pusieron en marcha en el país desde que se decidió afrontar el problema con responsabilidad han dado resultado", destacó Gatti.
"Sólo los rescates logrados este año alcanzan un total de 436. Mientras que durante el 2012 fueron 1.568, 257% más que en 2009, cuando habían sido sólo 439", dijo.
Del total de víctimas, el 54% son de nacionalidad extrajera y el 13% tiene menos de 18 años de edad, precisó Gatti. La funcionaria destacó la importancia de la línea 145,
gratuita y abierta las 24 horas del día los 365 días del año, que recibió 600 denuncias en 2012 y 408 en estos meses de 2013.
El abogado de Susana Trimarco, Carlos Garmendia, definió al delito de trata de personas como un tema que no se combate con la exposición mediática de los locales sino con investigación, recolección de prueba y el procesamiento de los dueños de los prostíbulos.
"Lo único que se consigue con una denuncia por TV es la clausura del local. Si de verdad queremos combatir el delito hay que investigar, juntar prueba y en último lugar allanar. Cuando se ingresa en un local es porque hay prueba suficiente para procesar y apresar a los dueños de ese prostíbulo", dijo a Télam Garmendia. El letrado afirmó que "una clausura no termina con el delito.
Es más, puede ser hasta favorable para el delincuente de trata de personas que le allanen el local, porque al otro día desaparece y abre su negocio en otro lugar. El allanamiento es lo último que se hace, no lo primero".
"Desde la fundación (María de los Angeles, nombre completo de Marita Verón) sabemos que todos los prostíbulos de Tucumán tienen a lo sumo cuatro o cinco dueños. El que mostró Jorge Lanata (en su programa de anoche) formaba parte de una investigación", señaló.
Para la Fundación, "mostrar ese prostíbulo no es ganarle a la trata y hasta puede ser perjudicial para la investigación. Nosotros tenemos muy en claro por dónde pasa esa pelea y lo estamos haciendo; y no nos importa si es funcionario, policía o Juan Pérez el dueño del prostíbulo. Nuestra lucha no terminará hasta que todos vayan presos", sostuvo Garmendia.
Garmendia señaló que "no es verdad que la ley 26.842 no se esté aplicando por falta de reglamentación. La nueva norma modificó el código penal, lo que hace que se aplique en la práctica", aclaró. y definió los cambios como revolucionarios".
En ese sentido, destacó que "se haya descartado de plano el tema del consentimiento y la diferencia entre menores y mayores. Haya o no consentimiento, haya o no menores, si se comprueba la trata hay delito".
El artículo 125 bis aumenta de 4 a 6 años la pena por el delito de trata de personas aunque mediare el consentimiento de la víctima y sustituye el 126 de 5 a 10 por el agravante si hay violencia o engaño o si lo comete un funcionario.
"El 127 le aplica al proxeneta 6 años en vez de 4 años y con el agravante 10 en vez de 5 años aunque mediare consentimiento. Es decir, por más que la víctima diga que fue con consentimiento, igual es el delito. El cambio implica un avance enorme", sostuvo.
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